La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, prepara una reforma del despido en España acorde a la doctrina europea. La titular de Trabajo pretende que “no sea rentable” despedir para las empresas y que la indemnización injustificada repare “adecuadamente” el daño causado al trabajador a través de un mecanismo que analice la casuística individual. Diaz excluirá el descenso o previsión de caída de beneficios empresariales como causa objetiva para despedir a un trabajador, de forma que la indemnización a cargo de la empresa subiría subiría desde los 20 días de salario por año de trabajo a los 33 días por ejercicio por considerarse improcedente.
Díaz encarecerá el despido al excluir la caída de beneficios empresariales como causa objetiva
Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura su Departamento, Díaz ha presionado para que la regulación española del despido se adapte a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina de la Comité Europeo de Derechos Sociales, que hará pública su resolución sobre la denuncia de UGT contra el coste del despido en España en el mes de julio.
Durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado para informar de las líneas fundamentales que va a desarrollar en esta legislatura, Díaz redobló la presión para adaptar la legislación española en materia de despido a las a las exigencias de la Carta Social Europea y a la doctrina de la Comité Europeo de Derechos Sociales, que hará pública su resolución sobre la denuncia de UGT contra el coste del despido en España en el mes de julio.
La vicepresidenta ha centrado el debate en el diseño de la normativa española, abordando el problema en la casuística individual de cada despido en vez de en la cuantía de la indemnización medida por los días (33 días por año trabajado, según la legislación actual, ó 45 días con la legislación previa). “[El despido] no tiene carácter disuasorio ni resarcidor, entre otras cosas porque el hecho de tener una indemnización prefijada de antemano no es acorde al Derecho. No es un problema de 33, de 40 o de 45 días, es que el sentido de la lógica indemnizatoria que dice Europa es otro”, ha explicado ante los senadores.
Mecanismo de despido individual
Para adaptar la regulación a la normativa comunitaria, Díaz reitera que tiene intención de introducir un mecanismo para que la indemnización en un despido improcedente y, por tanto, no justificado, atienda a las circunstancias personales del trabajador despedido de manera individualizada. Se trata de una maniobra para reforzar las causas del despido y hacer que su coste sea “verdaderamente disuasorio”.
“Tenemos que disuadir a las empresas de cometer despidos que son injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado, que vulneró la ley, no lo podemos permitir. Y algo fundamental, que un despido no sea rentable”, ha remarcado. “Vamos a hacer para que se reparen adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente”, ha detallado.
En este sentido, ha denunciado que “hay grandes empresas” que, en sus planes económicos y contabilidad, tasan lo que les va a costar despedir trabajadores. Aunque ha afirmado que no puede desvelar el contenido de la resolución que ha dictado el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el despido en España, que se hará público en julio, ha insistido en que “es fuente de Derecho y, por tanto, hay que cumplirlo”.
Los planes desvelados por Diaz caminan en la misma dirección que los abordados en la pandemia y, posteriormente, en el paquete de medidas anticrisis tras la guerra de Ucrania. La ministra trata de encauzar los despidos a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para que el despido sea el último recurso. Y, en concreto, los motivados por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP).
La ministra ha aprovechado también para recordar que su Ministerio ha llegado a un acuerdo con el Cermi para eliminar el despido automático de las personas declaradas en situación de incapacidad permanente.
Medidas en marcha
La vicepresidenta tiene varias medidas importantes pendientes de aprobar. Admitió que la reducción de la duración de la jornada laboral semanal “es muy difícil de acordar”. En todo caso, Trabajo apuesta por firmar un acuerdo tripartito con la parte social y la parte empresarial: “un acuerdo es mejor que una imposición de parte”, ha deslizado.
Díaz ha asegurado que, con esta reforma se va a mejorar la cuantía del subsidio y se eliminará, como “pedían muchos grupos”, el mes de espera. Además, permitirá la compatibilidad del trabajo con la percepción del subsidio.
Su departamento prepara una nueva subida del SMI ya de cara al final del verano. Registró en el Congreso una medida para ampliar el número de organizaciones con representatividad en el diálogo social.
La vicepresidenta ha asegurado también que el Gobierno va a seguir trabajando en algo “que es muy viejo en Europa y muy nuevo en España”: la democratización de las empresas a través de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.
Díaz ha explicado que se pretende impulsar un cambio de paradigma en la organización empresarial, enfocándose en las medianas y las grandes para que haya compañías “más sólidas, más potentes y que puedan converger con lo existe en otros Estados.
“Hay muchas empresas que ya tienen estos modelos y que funcionan mucho mejor. No cabe la menor duda”, ha subrayado la titular de Trabajo.
Otro de los puntos que la vicepresidenta pretende promover es la participación sindical y colectiva en el diseño, regulación y evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral.
“España no va como una moto”
Durante su intervención, Díaz ha negado haber dicho alguna vez que España “va como una moto”, unas palabras que sí salieron de la boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso el pasado mes de febrero.
“Yo no he dicho jamás que España iba como una moto, en mi vida. Es que yo voy por la calle, voy a la compra, y España no va como una moto. Es más, me critican muchas veces por estar en el Gobierno de España y que diga que hay que mejorar. En España hay gente que vive bien, afortunadamente, pero hay gente que vive muy mal”, ha defendido.
La ministra ha negado además que haya un problema de vacantes en España y ha apuntado que se trata de un elemento “discursivo”, pero no real.
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