Auditora clave que rebajó exigencias por convenios con fundaciones: “Existió una colusión de quienes debían ejercer el control de los recursos”

Una vez que estalló el denominado caso líos de platas surgieron una serie de antecedentes referentes a cómo se habían fraguado los presuntos fraudes que comenzó a indagar el Ministerio Público. Entre ellos, y en medio de una serie de acusaciones, diputados del Partido Republicano arremetieron directamente contra el exministro Giorgio Jackson, responsabilizándolo de haber rebajado los controles sobre el destino y uso de los fondos públicos asignados mediante convenios.

Aquello, como se detalló por los parlamentarios, porque estando a la cabeza de la Segpres, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) -que depende de dicha cartera- eliminó ciertos reportes, lo que supuestamente habría dado pie a que las irregularidades hoy conocidas se produjeran.

Sin embargo, en medio de su declaración en calidad de testigo ante un efectivo de la PDI que trabaja con el fiscal Cristián Aguilar en este caso, la directora del CAIGG, Daniella Caldana, entregó detalles de los cambios que introdujo y de los argumentos que siguió, descartando que esas modificaciones dieran pie a las anomalías detectadas en las transferencias a fundaciones.

Caldana, cabe hacer presente, había sido mencionada tanto por Jackson como por la jefa de Presupuestos, Javiera Martínez, como la responsable del instructivo que se envió a mediados de 2022 a los auditores de las reparticiones públicas señalando que ya no sería necesario reportar en el informe trimestral ítems como transferencias, cuentas corrientes, sumarios, conflictos de interés, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otros.

Pero lejos de ligar dicho acto con lo que vino posteriormente, la auditora aseveró que ese ajuste se relacionaba directamente con razones de eficiencia.

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“Una vez que asumí el cargo de auditora de Gobierno (junio 2022), solicité a Rolando Muñoz, quien en ese entonces era coordinador general del Consejo de Auditoría, que realizara un informe que determinara el impacto del reporte adicional instruido (por el exsubsecretario Claudio Alvarado) a considerar conforme a oficio N° 20 del año 2018 (…) Al analizar este informe determiné que el impacto positivo respecto a lo requerido en el oficio N° era bajo o nulo en relación con las horas hombres gastadas tanto por nosotros como por los auditores de la red, razón por la cual determiné dejar sin efecto este reporte adicional, remitiendo el correo electrónico respectivo a la totalidad de auditores de la red, a través de los auditores sectorialitas”, sostuvo durante la mañana del pasado 18 de diciembre.

Enfatizó, en ese sentido, que “los hechos descubiertos en el caso fundaciones no pasaron por la eliminación de lo dispuesto en el oficio N° 20-2018 del consejo, por cuanto a mi juicio existió una colusión de quienes debían ejercer el control de los recursos dispuestos para las fundaciones. Reiterando que mi decisión fue totalmente técnica”.

Una decisión “técnica”

Pese a que la eliminación del mencionado oficio ha sido duramente cuestionada por la oposición, Daniella Caldana, al igual que como lo hizo en una declaración pública hace algunos meses, insistió en que las razones de la determinación fueron puramente técnicas.

Entre los factores que ponderó, agregó, “fue lo determinado por la OCDE en el informe de la evaluación de la integridad del año 2022, el cual indicaba que los reportes centralizados sobre auditorias internas, solo un 17% de las unidades de auditorías cumplieron los requerimientos de la OCDE”.

Desde el ministerio dirigido por Carlos Montes insistirán en que la fundación devuelva la plata.

Consultada respecto de reportes sobre fundaciones, complementó: “Los reportes trimestrales relativos al caso fundaciones de Antofagasta fueron reportados al Consejo con información a marzo del año 2022, recordando a las fundaciones Arquiduc, Democracia Viva y ProCultura, entre otras. Reportes que no consideraban observaciones que permitieran establecer alguna irregularidad”.

De esta forma, la profesional recalcó que durante su gestión “no se disminuyeron los controles, los cuales fueron cambiados para una mejor eficiencia y con criterios de auditorías internas, mas no de recopilación de datos; esto último no corresponde al auditor. Para esto se determinó hacer el objetivo gubernamental N° 6 de agosto 2023, en el que se mandata a los servicios que se haga una auditoría integral a las transferencias de fondos”.

Decisión “no fue consultada”

Si bien en sus respectivas declaraciones tanto Jackson como Martínez aseguraron que la determinación de Caldana se habría basado, como ella expuso, en razones técnicas, también hicieron presente que esto no lo consultó con nadie.

“Esa decisión que adoptó doña Daniella Caldana no fue consultada previamente de ninguna forma con el Consejo Asesor del CAIGG, del que formo parte, que en ese entonces no estaba funcionando como antes dije, y la razón de aquello, tal como lo ha explicado la subsecretaria de la Segpres, es porque se encontraba en elaboración un nuevo reglamento de funcionamiento del CAIGG que se hacía cargo de indicaciones que la Contraloría había hecho”, sostuvo la directora de Presupuestos.

En todo caso, agregó que no era exigible que Caldana hiciera consultas. Y sobre el fondo de esa determinación, acotó: “Desde un punto de vista técnico, lo que señala la auditora es que la información se reportaba de manera global sin que se asociara a convenios ni a situaciones específicas de incumplimiento, así tampoco la eficiencia en el uso de horas de auditoría, y creo que hoy con las herramientas normativas que tenemos con ocasión de la Ley de Presupuestos 2024 se puede realizar de manera más eficiente la trazabilidad de los recursos asignados para transferencias”.

Frente a las mismas consultas, Jackson también indicó que “no tuve ninguna injerencia en las directrices que la Secretaria Técnica del CAIGG envió a través de un correo y que luego envió mediante un ordinario relativo a los cambios de criterio en la reportabilidad de los distintos servicios, dado que esto fue una decisión técnica tomada íntegramente por la auditora general Daniella Caldana”.

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