Amnistía Internacional culpa al gobierno de Maduro de casos de "desaparición forzada y tortura"

Amnistía Internacional culpa al gobierno de Maduro de casos de “desaparición forzada y tortura”

Amnistía Internacional (AI) responsabilizó al Gobierno de Venezuela por casos de desaparición forzada y tortura, prácticas especialmente aplicadas contra opositores, según el informe anual de la organización presentado este martes.

“La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos” forman parte de la “política de represión ejercida por el Gobierno”, dice el texto, que cita reportes de varias organizaciones no gubernamentales sobre supuestos atropellos de las autoridades contra los ciudadanos.

AI explicó que estas víctimas comparecen ante un tribunal, son “acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo” y luego “trasladadas a un centro militar o policial” donde permanecen “meses, o incluso años, en espera de juicio”.

Durante el período de observación, cuya fecha de comienzo y corte no son explicadas en el informe, “persistían las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defendían los derechos humanos”, subrayó la organización, que no ofrece números propios sobre estos casos.

A juicio de AI en el país sudamericano hay una “política de represión aplicada por el Gobierno”, por lo que “quienes criticaban” al Ejecutivo “eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura, con la aquiescencia del sistema judicial”.

Según el documento “quienes pertenecían -o se consideraba que pertenecían- a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos”.

A mediados de marzo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el uso indiscriminado del concepto “desaparición forzada” cuando se produce una detención de opositores o activistas señalados por delitos, en cuyos casos -aseguró- el Estado actúa conforme a derecho.

El informe también recoge valoraciones sobre la “falta de acceso a derechos económicos y sociales” de los ciudadanos y cómo esto motivó protestas a las que las fuerzas de seguridad “respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas”.

Además, AI dijo que las condiciones de las prisiones y los centros de detención “siguieron empeorando, especialmente el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua”.

“La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal”, añadió el informe, sin datos más específicos al respecto.