Andrés Gil Domínguez pidió que se declare inconstitucional el DNU de Javier Milei
Andrés Gil Domínguez pidió que se declare inconstitucional el DNU de Javier Milei
El decretazo de Javier Milei sigue sumando cuestionamientos ante los tribunales. Esta vez fue el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien reclamó que se declare su inconstitucionalidad. Su planteo tramita ante el juez federal en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials.
En su carácter de ciudadano, Gil Domínguez presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que apareció el jueves publicado en el Boletín Oficial –y que dio lugar a distintas expresiones de repudio, algunas institucionales y otras en las calles, como los cacerolazos que se registraron en distintos puntos del país.
Gil Domínguez –que fue uno de los integrantes de la comisión de expertos convocada por Alberto Fernández para pensar reformas al sistema de justicia– sostiene que Milei intenta con el DNU sustituir la función legislativa del Congreso, violando la división de poderes. El jurista, además, resaltó que el DNU es un mecanismo excepcional.
Para Gil Domínguez,el DNU de Milei viola distintos artículos de la Constitución nacional: 1 (forma representativa republicana federal), 29 (el Congreso no puede conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del poder público), 77 (formación de las leyes), 84 (sanción de las leyes) y el inciso 3 del artículo 99 (participación del Ejecutivo en las leyes).
La Constitución establece que el Presidente puede recurrir a los DNU cuando “circunstancias excepcionales” impiden que se puedan seguir los trámites ordinarios del Congreso. No pueden los DNU versar sobre cuestiones penales, tributarias, electorales ni sobre el régimen de los partidos políticos. El jefe de Gabinete debe, además, enviar el DNU al Congreso para su control.
Gil Domínguez había sido muy crítico desde que se conoció que la administración de La Libertad Avanza (LLA) trabajaba en un megadecreto. En su cuenta de X (exTwitter) había comparado a Milei con la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), que fue el órgano legislativo de la última dictadura –cuando el Congreso estaba cerrado. La CAL estaba integrada por nueve oficiales superiores, tres por cada una de las Fuerzas Armadas.
La de Gil Domínguez es la segunda presentación que se conoce contra el DNU de Milei. La primera fue la que hicieron el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma –que conduce Hugo “Cachorro” Godoy– y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Esta demanda quedó radicada en el juzgado de Esteban Furnari.
De acuerdo con la presentación de la CTA Autónoma, ATE y el Observatorio, el DNU afecta la vigencia y el contenido de 81 leyes. “Este DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales sino establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente”, sostienen en el escrito. En la presentación también resaltan que por el alcance masivo del DNU, se entiende que es incompatible con la excepcionalidad que demanda la Constitución y que ha exigido la Corte Suprema en distintos fallos.
En el texto del DNU, Milei invoca una situación de urgencia que debe ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Según el Presidente, la “desesperante situación económica no admite dilaciones”.
La representación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) quedará en manos de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN), a cargo de Rodolfo Barra –a quien le hicieron un DNU a medida para que pudiera asumir en el cargo después de los 70 años. Barra es un hombre experimentado en el fuero contencioso administrativo, donde se dirimen las causas contra el Estado.
Exintegrante de la Corte de la mayoría automática y exministro de Justicia de Carlos Menem, Barra tiene bastante escrito sobre los DNU. En su web personal puede leerse que él sostiene que los tribunales no deben evaluar la oportunidad de los decretos ni de las leyes y que la excepcionalidad que exige la Constitución –y que ha reclamado la Corte en distintos fallos– es un criterio político. Es posible que ésta sea una de las líneas que invoque el PEN para defender el DNU.
Se espera que, el próximo miércoles, la CGT también haga una presentación contra el decretazo conjuntamente con una movilización en la Plaza Lavalle, frente a la sede del Palacio de Justicia.