Nicaragua pierde millones de fondos climáticos por vulnerar los derechos de los pueblos originarios

“La minería ilegal está devorando a pasos agigantados la reserva y contaminando con toneladas de mercurio el Río San Juan”, dice Ingrid Hausinger, Coordinadora de Ecología de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll.

Tras casi cerca de cuatro años de procedimientos legales, las comunidades indígenas y afrodescendientes le han ganado el pulso al Gobierno nicaragüense. El Fondo Verde del Clima, órgano de las Naciones Unidas creado en el marco del Acuerdo de París para facilitar financiación a los países con menos recursos para luchar contra el cambio climático, les ha dado la razón.

A principios de marzo de 2024, canceló un proyecto millonario que pretendía restaurar los paisajes forestales degradados de la región Caribe, pero que, no obstante, atentaba contra los derechos de las comunidades afectadas, entre ellos el de la celebración de una consulta previa e informada.

Esta decisión, primera de este tipo en la historia del Fondo, es el resultado de una queja interpuesta ante el Mecanismo Independiente de Reparación del Fondo, en junio de 2021.

“Es un precedente a nivel mundial”, explica a DW, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. “Para las comunidades, es un logro, se hizo justicia. En medio de la criminalización y la militarización, se recogieron más de 700 firmas rechazando este proyecto que no ha sido consultado por ellos”, recalca desde el exilio el representante de esta organización ambientalista del sureste de Nicaragua, que fue clausurada por el Gobierno de Daniel Ortega.

La mayor biodiversidad de Nicaragua

Dotado con más de 116 millones de dólares, el proyecto ‘Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas de Bosawás y Río San Juan’, pretendía evitar 47 millones de emisiones de dióxido de carbono con la reducción de la deforestación durante 20 años y la restauración de paisajes forestales degradados en la Región Caribe.

Las Reservas de Biosfera Bosawás y el Río San Juan fueron declaradas ‘reservas biosferas’ en 2001 y 2003, respectivamente. Dichas reservas aglomeran la mayor cobertura forestal y mayor biodiversidad de Nicaragua y forman parte del corredor de biodiversidad centroamericano.

Pero “desde la llegada de Daniel Ortega al poder, se han perdido más de 882,760 hectáreas de bosque y ha concesionado para minería metálica el 66 por ciento de la Reserva de la Biósfera de Bosawas”, explica a DW Ingrid Hausinger, Coordinadora de Ecología de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll.

Conviviendo con la violencia

A la diversidad natural se le suma la cultural, ya que estas reservas concentran el 80 por ciento de la población indígena. No obstante, estas poblaciones están desprotegidas ante los episodios de violencia que no cesan por “las industrias extractivas, los carteles de droga, los despojos de tierra y la invasión de colonos”, explica a DW Florencia Ortúzar, abogada senior de la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente (AIDA).

“Aunque el Estado ha otorgado títulos territoriales a los pueblos indígenas miskitus, mayangnas, ramas y afrodescendientes crioles/Kriols y Ggarífunas de la Costa Caribe de Nicaragua, reconociendo su legitimidad como propietarios plenos, ha fallado en completar el proceso que garantizaría la protección total de sus propiedades”, recalca Hausinger.

Y es que, a pesar de las denuncias presentadas al Gobierno, “solo en el año 2020, que se aprobó el proyecto Bio-CLIMA, según el monitoreo del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), se registraron al menos 13 asesinatos (dos de ellos de jóvenes de 17 años), ocho personas resultaron heridas en ataques armados, dos fueron secuestradas, dos niñas indígenas mískitu menores de edad fueron atacadas y toda una comunidad fue desplazada forzosamente, la mayoría de ellos miembros del pueblo indígena mayangna”, detalla la experta alemana.

Un proceso largo y complejo con irregularidades

Para Amaru Ruiz, esta violencia “histórica” ya era uno de los factores que debió tenerse en cuenta a la hora de aprobar un proyecto que, además de ignorar este contexto, también incluía otras irregularidades.

“Antes de la queja, las comunidades denunciaron la falta de confianza en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) como entidad acreditada y en el Gobierno de Nicaragua como entidad implementadora del proyecto”, explica, por su parte, Florencia Ortúzar, la abogada de AIDA, una de las organizaciones que ha acompañado a la sociedad civil nicaragüense en el proceso, junto la fundación alemana.

“Existe evidencia por parte de la sociedad civil nicaragüense de que el BCIE, bajo el liderazgo del anterior director, Dante Mossi, regularmente ignoraba las denuncias nacionales e internacionales que indican que el régimen del presidente Daniel Ortega ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad desde 2018”, lamenta Ingrid Hausinger, de la Fundación Heinrich Boll, criticando la falta de transparencia en el uso de los fondos que el banco ha prestado al Estado.

Aprobación con condiciones

“No logramos detener la aprobación del proyecto, pero sí logramos que se apruebe con condiciones”, relata la abogada Florencia Ortúzar. En este aspecto, Amaru Ruiz, el presidente de la Fundación Río, recalca el papel de Alemania en la junta de directivos del Fondo Verde del Clima, presionando para conseguirlas.

Una de estas condiciones fue la contratación de una agencia independiente que supervisara la implementación del proyecto. No obstante, después de la aprobación del proyecto, ni el banco ni el Gobierno demostraron que lograrían hacerlo cumpliendo las políticas y salvaguardas del organismo internacional. Por ello, la sociedad civil nicaragüense interpuso la queja que culminó en la investigación del Mecanismo Independiente de Reparación. Esta ha seguido diversos procesos internos hasta su resolución el pasado mes de marzo.

A pesar de esta victoria histórica, la cancelación del proyecto “tuvo impacto en Nicaragua”, apunta Amaru Ruiz, señalando que, además de destituciones de cargos políticos, “hay presos políticos y un aumento de la militarización en los territorios”. Igualmente, “se habla de posibles reformas de la ley 445 para quitar derechos”, lamenta Ruiz.

(ms)

Autor: Judit Alonso