
La agresión ocurrió luego de que el concejal denunció malos manejos en ayudas por covid-19.
Por un mordisco a un contratista, laProcuraduría General le formuló pliego de cargos a Jaider José Isaza Gutiérrez, quien es concejal del municipio de Algarrobo, Magdalena.(Lea también:‘Iván Márquez’: autoridades verifican si murió en Venezuela).En este mordisco le arrancó la falange superior del índice derecho, por lo cual ahora Isaza Gutiérrez deberá responder en juicio disciplinario.(Le puede interesar:Piden a mandatarios medidas de mitigación de riesgo por fiestas este puente).
En la investigación preliminar el órgano de control estableció que loshechos se dieron el 8 de abril de 2020, luego de que el concejal denunció, en una entrevista radial, supuestas irregularidades en la entrega de ayudas humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria covid-19 y aseguró que el contratista Jolman Contreras de la Hoz le había suministrado la información. Por esas declaraciones el contratista se enojó ymás tarde, al encontrarse con el concejal, le reclamó por sus afirmaciones lo que llevó a una acalorada discusión que terminó en agresiones físicas mutuas y en la lesión de Contreras. (Más notas:El informe que le recordó al país la crueldad de la historia de violencia).Por el enfrentamiento la Policía tuvo que intervenir y los hombres fueron llevados al hospitaldel pueblo para tratar sus heridas antes de ser judicializados por el hecho. Además, recoge el Ministerio Público, al enterarse de la situación, familiares y amigos de uno y otro llegaron al centro hospitalario “generando una situación de pánico y tensión por las agresiones verbales que se lanzaban entre uno y otro grupo; además de que por la aglomeración propiciaron una situación de alto riesgo de contagio del virus covid-19, violando la orden de aislamiento preventivo obligatorio que rige en el país”. (Le puede interesar:¿Qué tan viable es cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad?).
Por esta situación, la Procuraduría le formuló al cabildante el cargo por haber faltado a sus funciones al omitir la protección a la dignidad humana del contratista por haberle causado un presunto daño físico permanente, consistente en una amputación traumática.
El órgano de control calificó la presunta conducta del investigado como falta gravísima, a título de dolo.
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