Arrancó la dictadura

Almirante-David-René-Moreno-Moreno

‘Arrancó la dictadura’, comentó un reconocido abogado y periodista con ocasión de las reacciones de simpatizantes del Gobierno frente a la decisión del Congreso de ‘hundir’ la propuesta de reforma a la salud, iniciativa gubernamental totalmente controvertida por sus nefastos efectos sobre la población. Esta decisión del legislativo, opuesta a las aspiraciones ideológicas del jefe de Gobierno, se convierte en un duro revés político para la izquierda, que probablemente busca atomizar los recursos de salud (unos 90 billones de pesos), así como colocar la salud en manos de los políticos regionales y locales.

En las últimas décadas, no se había visto un gobierno tan criticado e impopular como el actual, especialmente por la polarización que se ha generado desde la misma Casa de Nariño, así como por la inconveniencia de muchas de sus propuestas. El ejecutivo ha tenido como objetivo acabar con las EPS para estatizar la salud, buscando que los 51 millones de habitantes sean dependientes del Estado para poder controlar más fácilmente a la población y no dará marcha atrás para evitar el colapso del sistema, que parece responder a una crisis provocada desde el mismo Gobierno.

La estrategia de la izquierda aplica ahora el plan B para que se cumplan los deseos del jefe de Gobierno de que las EPS se quiebren económicamente y vayan cayendo como las fichas del juego de dominó (“chu chu chu”, según sus palabras), al no contar con el flujo de recursos que deben ser suministrados por el Gobierno. La SuperSalud intervino a dos de las más importantes EPS: Sanitas, con 6 millones de usuarios y Nueva EPS, con 11 millones. Compensar, al verse arrinconada financieramente, solicitó ser retirada del programa EPS, dejando, posiblemente, 20 millones de damnificados que sufrirán la incompetencia del Estado al tratar de manejar la salud al mejor estilo dictatorial.

Ante la imposibilidad de lograr la aprobación legislativa de las desfavorables reformas presentadas por el Gobierno, el Ejecutivo posiblemente buscará el camino de gobernar por decreto, bien sea pasando por encima del Legislativo, o por medio de una asamblea constituyente, lo cual que le daría la oportunidad de manipular la Constitución a su antojo, para, de una parte, imponer el socialismo y, de otra, para gobernar a sus anchas por varios decenios, como ha ocurrido en Venezuela, Cuba o Nicaragua, con la consabida llegada de la miseria, la pérdida de libertades y el deterioro total de la democracia, que hemos defendido por más de 200 años.

Es interesante ver las similitudes entre un proceso de negociación con grupos al margen de la ley y lo sucedido durante la discusión de la reforma a la salud. En el primer caso, los grupos delincuenciales incrementan su accionar criminal, ponen bombas, atacan a la población civil y a la fuerza pública, ejecutan retenes ilegales y llevan a cabo muchas acciones terroristas, con el fin de intimidar al Gobierno y a la población para entrar ‘fortalecidos’ a la negociación. En el caso de la reforma a la salud, se observa la intervención casi simultánea que efectuó el Gobierno a dos EPS, lo cual podría interpretarse como un mensaje coercitivo para intentar presionar la aprobación del proyecto. Curiosa coincidencia.

No existe sistema perfecto e infalible, lo cual implica que, con el paso del tiempo, se deben hacer ajustes, pero estas adecuaciones deben responder a un análisis serio y objetivo, no a intereses ideológicos ni partidistas. No es cambiar por cambiar; es adecuar para mejorar. Sin embargo, la situación de la salud parece estar enmarcada en intereses político-económicos y la quieren implantar a la fuerza. Por ello, el ministro de Salud ha manifestado que el Gobierno buscará una constituyente para la aprobación de lo que le han negado los miembros del Congreso.

El jefe de Gobierno, igualmente, ha dicho que ahora les toca resolver el tema de la reforma y que esta será “de golpe”, lo cual lleva a pensar que, posiblemente, aplicará procesos extremos para imponer su voluntad, al igual que lo hizo Santos cuando entregó el país a las FARC. Esto indica que vamos por un camino equivocado, donde el absolutismo se impondrá, a medida que se cumple el libreto establecido por la izquierda para doblegar la voluntad de los colombianos y permanecer en el poder.

Al tema de la salud se suma la probable complacencia del Gobierno con grupos delincuenciales que asolan al país, pues, escuchando los comentarios del jefe de Gobierno, con ocasión de las recientes bajas de bandoleros, manifiesta con procacidad “(…) No es a través de las armas como se van a resolver los problemas de Colombia…”. Ojalá él hubiera pensado de esta forma cuando militaba en el grupo terrorista M-19, pero la cereza del pastel la coloca otro antiguo integrante del mismo M-19 que hoy se desempeña como comisionado de paz, cuando justifica la creación de un nuevo frente de las disidencias de las FARC. Esto es aberrante y permite pensar que se están dando los pasos para acelerar la creación de las milicias que defenderán al régimen.

Lo que está viviendo Colombia ‘estaba cantado’ desde antes de las elecciones del 2022. Estamos frente a lo que se puede considerar como ‘la muerte anunciada del sistema de salud’ y la pregunta es cuántas vidas está dispuesto a sacrificar el Gobierno por su aspiración ideológica de estatizar la salud a la fuerza. Ojalá estas amargas experiencias sirvan para evitar que el dolor del socialismo continúe extendiéndose y, así, proteger el futuro de nuestra democracia.