Asociaciones defienden al general (r) Arias Cabrales y le recuerdan a Petro que no hay una ley que lo autorice a despojar condecoraciones

El pasado 17 de enero, el gobierno de presidente Gustavo Petro generó una nueva polémica después de que se conociera el decreto por medio del cual le fueron retiradas todas las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de un grupo de personas durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El documento, firmado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, desató un nuevo escándalo que generó todo un terremoto político y dividió opiniones, con varias voces en contra de la medida.

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales insiste en su inocencia en los hechos de la toma al Palacio de Justicia.

Este jueves, 18 de enero, se conoció una dura carta en la que la Mesa de Trabajo ‘Fuerza Púrpura’, compuesta por sesenta y ocho (68) Federaciones, Asociaciones y Fundaciones de la Reserva, Veteranos, Víctimas y Pensionados de la Fuerza Pública, rechazaron el decreto con el cual le quitaron las condecoraciones al general (r) Arias Cabrales.

En la misiva, los firmantes señalaron que esta decisión del Gobierno Petro es “improcedente, políticamente motivado, cargado de deseos de venganza e injustificado”.

El Gobierno no puede quitar condecoraciones

La ‘Fuerza Púrpura’ recordó que el artículo 220 de la Constitución Política establece que los miembros de la Fuerza Pública “no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley”. Por ello, recalcaron que actualmente en el ordenamiento jurídico no hay una ley que autorice al Ejecutivo a despojar de sus condecoraciones y reconocimientos a los miembros de la Fuerza Pública, en actividad o en retiro.

“La decisión asume que el proceso contra el señor general (r) Arias Cabrales agotó todas las instancias, desconociendo existencia de recursos posibles en instancias nacionales e internacionales y la presunción de inocencia hasta agotarse todos los recursos”, manifestaron los firmantes.

Las asociaciones le recordaron al presidente que no hay una ley que le permita tomar este tipo de decisiones.

Igualmente, recordaron el pasado del presidente Gustavo Petro en el M-19, grupo que perpetró el ataque al Palacio de Justicia, y expresaron que la decisión es una clara persecución del Gobierno para “saciar su ánimo revanchista”. Desde su perspectiva, esto se evidencia con el hecho de que la circulación del respectivo decreto se haga al mismo tiempo en el que se “celebran” los 50 años de la “recuperación de la espada de Bolívar” por parte de este grupo armado.

“Estas actuaciones de este Gobierno se suman a las innumerables actividades desplegadas por décadas en apología del antiguo grupo criminal, que pretenden trastocar los hechos y el relato y establecer los designios de un revisionismo histórico que idealiza a los asaltantes del Palacio de Justicia y estigmatiza a los defensores del orden institucional”, agregaron.

La ‘Fuerza Púrpura’ aseguró que este tipo de medidas por parte del Ejecutivo de Petro revictimiza a las víctimas que sufrieron la violencia y los crímenes del M-19 y que, lastimosamente, en ningún momento han tenido un proceso de “justicia, verdad, reparación ni garantías de ningún tipo, debido a los beneficios jurídicos otorgados a los integrantes de esta organización criminal, probablemente violatorios de la prohibición universal de perdonar crímenes de lesa humanidad”.

La Asociación rechazó la decisión tomada por el Gobierno.

Por último, los firmantes les hicieron un llamado a los colombianos para respaldar las actuaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. “Hacemos un enérgico llamado al Gobierno para trabajar y generar condiciones reales para la reconciliación e identidad nacional que conlleven la resolución de los conflictos y las divisiones en la sociedad colombiana”, finalizaron.