Nueva ley contra migrantes en Iowa: En qué consiste y cuándo entrará en vigor

Siguiendo los pasos de Texas, la gobernadora de Iowa firma una nueva ley contra la comunidad migrante. Conoce en qué consiste y cuándo entrará en vigor.

Mientras la Corte Suprema examina la constitucionalidad de la polémica ley SB4 en Texas, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, sigue los pasos de su homónimo en el estado de la Estrella Solitaria, Greg Abott, y firma una nueva ley en contra de la comunidad migrante.

De acuerdo con lo establecido en la nueva legislación, cualquier persona que se encuentre dentro del estado y que se le haya prohibido previamente la entrada al país, o cuente con un registro previo de deportación, estaría cometiendo un delito estatal. Es decir, los migrantes que tengan órdenes de deportación pendientes, que hayan sido previamente expulsados de USA o se les haya negado anteriormente la entrada al país, serán los principales afectados.

Así es la nueva ley contra migrantes en Iowa

Según la ley, una vez que los migrantes sean arrestados, tendrán dos opciones: aceptar la orden de un juez para salir del país o ser procesados. En la primera opción, el juez está obligado a presentar un método de transporte para que la persona detenida abandone el país, así como proporcionar un agente policial o una agencia del estado que supervise la salida de los migrantes del país. Aquellos que se resistan a partir, podrían enfrentar acusaciones más graves.

Si bien la nueva ley obliga al estado a identificar el transporte de partida y brindar supervisión de un agente policial, la deportación no deja de ser un proceso federal, por lo que la nueva legislación en Iowa podría presentar diversos desafíos legales, al igual que la SB4 de Texas, que se encuentra estancada en la Corte Suprema tras ser impugnada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley antiinmigrante en Iowa?

Dado que el proyecto ya fue aprobado y firmado por la gobernadora Kim Reynolds, la ley entrará en vigor en Iowa a partir del próximo 1 de julio, a menos que el Departamento de Justicia se pronuncie al respecto y solicite una revisión ante el máximo tribunal de los Estados Unidos, pues la ley en sí representa un conflicto con la autoridad de inmigración del gobierno federal.

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