El Gobierno reconoce que no contabilizaba bien los funcionarios y descubre 300.000 trabajadores públicos ocultos

Función Pública cambia su metodología y eleva la cifra de empleados públicos a un máximo histórico de tres millones.

El Gobierno no contabilizaba hasta ahora de manera correcta el número de funcionarios que hay en España. Lo reconocen en el propio Ejecutivo y lo evidencia el profundo cambio de metodología que ha implantado, y cuyo resultado es igualmente notable: en realidad, hay casi 300.000 funcionarios más de los que se estimaba. Y el dato total, a cierre de julio del pasado año, estaba ya en los tres millones de trabajadores, lo que supone la cifra más alta jamás registrada.

El boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas, que se considera el documento más fiable sobre la composición de las plantillas, ha sido actualizado esta semana por Función Pública y por primera vez incluye a los trabajadores con contratos de menos de seis meses y al personal que está en formación. “Entre julio de 2022 y enero de 2023 el sector público de las CCAA presenta un incremento agudizado de los efectivos, que se explica fundamentalmente por el cambio metodológico introducido”, explica el departamento que ahora dirige José Luis Escrivá.

“Un incremento de 224.000 efectivos en el Estado y comunidades autónomas como consecuencia de la incorporación del personal laboral temporal con contratos de duración inferior a seis meses, y un aumento de 70.000 efectivos correspondientes al personal en formación o en prácticas”, añade. Esto es, esos casi 300.000 nuevos trabajadores públicos. El cambio de metodología comenzó meses atrás, cuando Función Pública todavía estaba integrada con Hacienda en el Ministerio que lideraba María Jesús Montero, y forma parte de la reforma de la Administración que el Gobierno ha comprometido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación. Para la mejora del sector público es imprescindible conocer con exactitud cuál es la cifra de trabajadores públicos, y esta metodología busca precisamente esto. Los datos que se han manejado hasta ahora y durante años, por lo tanto, no eran correctos.

“Estos números son más sólidos, más fieles a la realidad”, subrayan en el Ejecutivo, y añaden que la nueva cifra se acerca mucho más a la que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre trabajadores del sector público. El trabajo que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) es, como su propio nombre indica, una encuesta, por lo que una persona que trabaje para una contrata de, por ejemplo, un ayuntamiento, es posible que responda por error que trabaja para el sector público cuando en realidad pertenece al privado. Pero incluso así, la diferencia entre la EPA y el boletín de personal siempre había sido inexplicablemente elevada. Ahora, los 3,5 millones que ofrece Estadística y los tres millones de Función Pública se asemejan algo más.

En el Ministerio, además, aportan un ejemplo que ilustra muy bien la necesidad del cambio metodológico dadas las características de la Administración española. En el sector sanitario, muchos trabajadores encadenan durante largos periodos de tiempo contratos temporales que en ningún caso llegan a los seis meses. Por lo tanto, con la anterior metodología estos empleados no figuraban como trabajadores públicos cuando, en la práctica, sí lo son.

Los mayores índices de temporalidad, incluyendo al sector sanitario, se concentran en las comunidades, y por ello es el ámbito en el que más se ha disparado el número de trabajadores públicos hasta llegar a los 1,8 millones. En el sector público del Estado, el dato actual es de algo más de medio millón, y en la administración local, que incluye ayuntamientos, cabildos insulares y diputaciones, el dato roza los 600.000 funcionarios.

Y si a este aumento se le suman las importantes Ofertas de Empleo Público (OEP) que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez, el resultado es que la fotografía estadística actual poco tiene que ver con la de julio de 2018. Desde la llegada del presidente a la Moncloa se ha producido un incremento de casi 400.000 funcionarios, por lo que unos 100.000 nuevos puestos responderían a las sucesivas OEP.

Pero las cifras, en opinión de los sindicatos, siguen siendo en cualquier caso insuficientes. “Que hayan aflorado interinos no significa que se haya creado empleo nuevo. En la Administración estatal, por ejemplo, se han perdido 39.000 empleos si se compara con 2013. Las plantillas están muy envejecidas, y en el corto y medio plazo nos vamos a encontrar con un grave problema”, sostienen en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

“Cualquier persona que se acerque a un hospital, a un centro de salud, a la Seguridad Social o al Servicio Público de Empleo podrá ver cuál es la situación real. Los servicios públicos en este país están en una situación muy delicada. La pandemia los puso en una situación extrema, y ahora hay una epidemia de gripe y el sistema de salud vuelve a saturarse”, inciden en este sindicato.

CSIF denuncia también las necesidades que existen en el sector de la educación pública y los malos resultados a nivel OCDE de los centros españoles. Y, por todo ello, rechazan totalmente que en España haya demasiados funcionarios. Ni siquiera suficientes. “El nivel de empleo público está entre dos y tres puntos por debajo de la media europea”, añaden.

Esta misma idea es la que exponen desde UGT. “La propia Comisión Europea dice que todavía estamos por debajo de los estándares europeos”, explican. Recuerdan, además, que la tasa de reposición durante los años más duros de la crisis financiera fue nula. El Gobierno de Mariano Rajoy la congeló. Y eso afectó de manera muy negativa y con especial intensidad a las comunidades y ayuntamientos, donde aumentó la precariedad laboral, se tuvo que recurrir masivamente a los interinos y se desató la mencionada temporalidad. Por ello, UGT no sólo reclama que las plantillas deben seguir creciendo sino que, además, es necesario avanzar en el proceso de estabilización.

Los sindicatos, de hecho, ya han comenzado a trasladar estas peticiones a Escrivá, que dentro de sus nuevas funciones estará también el negociar las ofertas de empleo y, además, las subidas salariales. El plan multianual que el Gobierno firmó con los representantes sindicales acaba este año, de modo que el ex ministro de Seguridad Social será el responsable de acordar otro o, en su defecto, cerrar la subida de 2025.

En cualquier caso, los sindicatos están expectantes por cómo desarrolla Escrivá esta labor y cómo evoluciona su relación dados los choques que ha provocado en algunos ámbitos del diálogo social. En esta labor contará con la ayuda de Clara Mapelli, que es la nueva secretaria de Estado de Función Pública en sustitución de Lidia Sánchez.

Este nombramiento forma parte de la profunda remodelación que Escrivá está llevando a cabo en los puestos clave del Ministerio tras su separación de Hacienda, decisión que ha sorprendido en áreas del Gobierno ya que Función Pública tiene importantes e inminentes desafíos por delante. Sin ir más lejos, la aplicación de los nuevos modelos de exámenes de acceso a la Administración, las oposiciones en las que pesarán más “las aptitudes y actitudes” que la memorización. Este cambio comenzó con Miquel Iceta y después ha sido desarrollado bajo el paraguas de Montero, por lo que cabía esperar que el nuevo ministro diese cierta continuidad a la estructura o que la renovación fuese paulatina. Pero Escrivá ha desechado esta vía.

El ex responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también tendrá que desarrollar la digitalización de la Administración, que es igualmente otro de los compromisos de España con Bruselas y uno de los motivos por los que Sánchez decidió unir Función Pública a Transformación Digital. Además, debía darle más peso al Ministerio de Escrivá, que sonó con fuerza para ser ministro de Economía aunque finalmente el nombrado fue Carlos Cuerpo, que fue su número tres precisamente en la AIReF.

Pero incluso así, incluso con estos relevantes retos, la estancia de Escrivá al frente de la cartera ministerial podría ser por un tiempo limitado. En junio vence el mandato de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España, y es conocido el deseo de Escrivá de ser gobernador. Ahí, en el BdE, es donde empezó su trayectoria profesional aunque para volver tendría que pasar directamente del Gobierno al Banco. No es lo idóneo, ni mucho menos, pero en el Ejecutivo de Sánchez esos convencionalismos no importan demasiado.

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